Exposición realizada en la Jornada del Día Internacional de la Mediación 2016

Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría felicitar al Ministerio de Justicia por la iniciativa de celebrar el día de la mediación con esta jornada y agradezco la invitación a participar en ella en nombre de la Unión de Asociaciones Familiares. Nos alegra que se aúnen esfuerzos para visibilizar la mediación. Y en este sentido, aprovecho la ocasión para pedir al ministro de Justicia su apoyo en la solicitud de la declaración del 21 de enero como Día Europeo de la Mediación. Una petición, que ya realizó formalmente UNAF junto a otras organizaciones afines ante la Comisión Europea y para la que el respaldo de este Ministerio sería fundamental.

Antes de entrar en el fondo de mi exposición, os diré que el título de mi intervención “Mediación y familia en el siglo XXI”, y la proyección de futuro que en sí mismo conlleva, me ha llevado a decidir compartir con vosotros el tiempo del que dispongo, realizando una serie de reflexiones en las que trasladar, tanto mi visión personal, como la de la organización a la que represento, con respecto a la evolución y al desarrollo del futuro inmediato de la mediación que consideramos que sería deseable que aconteciera en los próximos años en nuestro país.

Podemos decir, con orgullo y sin faltar a la verdad, que la UNAF empezó a desarrollar su tarea en el ámbito de la mediación familiar en la última década del siglo pasado, en concreto en el año 1990. Y que, desde un primer momento, la organización entendió que la mediación y la “cultura del acuerdo” que ésta representaba suponían un avance necesario para afrontar, de una forma diferente, las necesidades de las familias.

Vivimos en una sociedad que promueve principios como el de la solidaridad, pero que se manifiesta como fuerte y abiertamente competitiva. En la que a menudo parece predominar la confrontación o la imposición de la voluntad del más fuerte al desarrollo de una actitud de cooperación y búsqueda de consenso en la satisfacción de las necesidades comunes. De ahí, la importancia en cuanto al reto de conseguir que la mediación se instale en nuestra sociedad como un sinónimo de la “cultura del acuerdo”. Una cultura en la que predominen el diálogo, la actitud empática, la concienciación de que no existe una única verdad y el encuentro de intereses comunes en la forma de búsqueda de soluciones a nuestros conflictos.

Poco a poco, con el paso del tiempo, la mediación familiar se va consolidando como una herramienta que permite construir puentes entre las personas que utilizan este recurso, generando capacidad de consenso y posibilitando a las familias un espacio de encuentro en el que se pueden dirimir todos aquellos temas relevantes para la misma, permitiendo integrar de una forma equilibrada las importantes medidas a tomar en momentos concretos de la vida familiar con las fuertes emociones asociadas a dichas decisiones.

Siempre he escuchado en mi entorno una misma afirmación, que se repite como un mantra, y que está relacionada con lo poco que la gente conoce la mediación y la necesidad de hacer campañas de divulgación. Actualmente, cuando oigo ese tipo de comentarios, siempre surge en mi la misma idea que me remite a pensar en lo diferente que se ven las cosas en función de la perspectiva desde la que se contemplan.

Es evidente la necesidad permanente de promocionar la mediación con la finalidad de que puedan beneficiarse de ella cada vez mayores sectores de la población. Sin embargo, creo que es fundamental dar valor al importante avance que en estos últimos años se ha hecho en nuestro país en materia de mediación y que, como todo avance rápido, ha tenido sus ventajas e inconvenientes.

En el día de hoy, la UNAF pone a disposición del público un documento titulado “Valoración sobre la mediación familiar en España”, realizado durante los últimos años por un equipo de trabajo compuesto por miembros de las asociaciones pertenecientes a nuestra organización. En dicho trabajo se reflejan algunas de las luces y sombras que, como hemos dicho anteriormente, han acompañado la evolución de la mediación durante estos años. Y éstas, entre otras, son las cuestiones que voy a desarrollar a continuación y que forman parte del conjunto de objetivos que nuestra organización considera que deberían ser objeto de mejora y desarrollo con respecto al futuro inmediato de la mediación.

Teniendo en cuenta una visión en perspectiva a la que anteriormente aludí, podemos decir que, en el año 1990, las primeras experiencias de mediación familiar que se desarrollaban en nuestro país se hacían como experiencias piloto sin ningún marco de regulación legal. En los últimos 25 años, sin embargo, se han desarrollado multitud de legislaciones a nivel autonómico, muchas de ellas con sus correspondientes reglamentos, y una ley a nivel nacional (Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles) igualmente con su correspondiente desarrollo reglamentario. Esta rápida evolución legislativa, que ha supuesto un importante avance en el desarrollo de la mediación, también ha traído consigo algunas deficiencias que, a nuestro parecer, sería conveniente corregir.

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Por ello, el primer punto a señalar tiene que ver con la necesidad de hacer un mayor esfuerzo para conseguir la unificación de los criterios legislativos que regulan la mediación en las distintas comunidades autónomas. Tanto en lo que se refiere al concepto de mediación -no parece lógico que a día de hoy, en algunas comunidades, se siga generando confusión al asimilar el término mediación a otro tipo de intervenciones como son la orientación o la conciliación- como a cuestiones de mayor calado, que pueden dificultar directamente la posibilidad del ejercicio de la profesión, como es el hecho de que mediadores formados en función de los criterios exigidos en una determinada Comunidad Autónoma no puedan ser inscritos en el registro de mediadores de otra determinada Comunidad, como consecuencia de que esta última tenga criterios formativos distintos.

Apostamos por unos requisitos formativos homogéneos en todo el territorio nacional y con unas exigencias en cuanto al tiempo mínimo de formación de los mediadores, mucho más elevadas a las que actualmente se contemplan en la ley nacional.

En un segundo punto, consideramos que sería de suma importancia acabar de una forma definitiva con las luchas corporativas que en todo este tiempo han presidido el desarrollo de la mediación. Entendemos que la mediación tiene entidad para ser considerada como una profesión en sí misma. No es una cuestión de psicólogos, ni de abogados, ni de trabajadores sociales, ni de notarios, ni de procuradores, etc. Es una cuestión de mediadores. Lo importante no es la formación de origen que el mediador tenga, sino su correcta capacitación para el desarrollo de una determinada y compleja intervención.

Quizás, la puesta en funcionamiento de un colegio profesional pudiera visibilizar más esa diferenciación y posibilitar la elaboración de un código de conducta y de buenas prácticas que garantizaran el cumplimiento de los principios de la mediación y la actuación del profesional.

En tercer lugar, sería sumamente interesante que todos pudiéramos ponernos de acuerdo en que la mediación es una intervención única y que el contexto en el que se desarrolle o el ámbito de aplicación en el que se lleve a cabo no la hacen diferente. Por lo que, independientemente de sus especificidades, todo tipo de intervención mediadora debe regirse por los principios que la caracterizan. La mediación no es extrajudicial ni intrajudicial, es mediación. Y lo único que deberíamos hacer todos es cuidar que los contextos en los que se desarrolle no vulneren sus principios más esenciales como son los de voluntariedad, confidencialidad e imparcialidad.

Apostamos plenamente por la potenciación de la mediación en contextos que, en ningún caso, puedan ser percibidos como coercitivos para los participantes y en los que no exista ninguna duda de que el mediador va a desempeñar una única función.

El cuarto objetivo de interés para la mediación, que incluimos en nuestro inventario de objetivos, consiste en el establecimiento de un sistema equilibrado que permita, por un lado, que toda la población que necesite acudir a la mediación tenga acceso a la misma. Y, por otro, que los profesionales que se dedican a la mediación puedan obtener una remuneración económica por su trabajo. Se trataría, por tanto, de encontrar la fórmula que permitiera que la mediación fuera gratuita para aquellos que no disponen de recursos económicos suficientes para permitírsela y remunerada cuando los recursos económicos familiares posibilitaran su pago. Este sistema podría ser muy similar al ya establecido en el desempeño de otras actividades profesionales. Es necesario tener en cuenta que la mediación no existiría sin mediadores que dedicaran su tiempo, dinero y esfuerzo a su formación y a su posterior desempeño profesional.

En quinto lugar, nos gustaría señalar algo que, aunque aparentemente está suficiente y claramente regulado, (Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de protección integral contra la Violencia de Género) parece ser objeto de un constante cuestionamiento por parte de algunos, que se empeñan en tratar de llevar a cabo una mediación familiar en aquellas situaciones en las que la violencia se ha instaurado como una pauta de relación en la dinámica familiar.

Llevamos años, tratando de trasmitir nuestra solida convicción de que mediación y violencia son términos antagónicos. Y, por tanto, cuando existe violencia, la mediación está claramente contraindicada porque, entre otras muchas razones, cualquier intervención que pudiera realizarse en este tipo de situaciones nunca podría considerarse técnicamente como una mediación ya que, sin duda alguna, vulneraría el principio básico del establecimiento de una negociación entre iguales. Víctima y maltratador nunca pueden estar en un plano de igualdad con respecto a una negociación y el mediador, por muy experimentado que se considere, tampoco puede garantizarla sin poner en serio riesgo la integridad de alguno de los participantes en la misma. En algunas ocasiones, los defensores de esta práctica aluden a experiencias realizadas en EEUU que, en ningún caso, pueden considerarse técnicamente como una mediación, ya que se trata más bien de negociaciones en las que el supuesto mediador hace labores únicamente de intermediario.

Por tanto, consideramos que solo es posible hablar de mediación en estas circunstancias, en el contexto de la denominada justicia restaurativa, se trata de la llamada mediación penal, en la que la única negociación posible consiste en determinar la forma en la que el maltratador va a ser capaz de restaurar el daño causado a sus víctimas.

El sexto lugar de nuestro repertorio de medidas a implementar en los próximos años estaría relacionado con los esfuerzos que creemos necesario realizar para conseguir la implantación definitiva de la mediación en el ámbito escolar. Es sumamente importante que nuestros menores aprendan, desde el inicio de su formación, que existen diferentes formas de afrontar los conflictos y que, aquellas que se basan en el diálogo y la búsqueda de consenso, dignifican al ser humano. El reto conllevaría que en todos los centros escolares públicos se configuraran departamentos destinados a la gestión de los conflictos escolares y a la formación de alumnos que ejerzan de mediadores en el entorno escolar. Entendemos la magnitud de la propuesta, pero deberíamos pensar en las ventajas que nos reportaría en un futuro, atendiendo al hecho de que los niños de hoy en día serán nuestros ciudadanos de mañana. Y que la mediación desarrolla la cultura del acuerdo configurándose, en nuestra opinión, como uno de los métodos más eficaces para la prevención de la violencia, también en el entorno escolar.

El desarrollo de otro ámbito de la mediación familiar, como es el intergeneracional con personas mayores, ocuparía el séptimo lugar. Creemos que la mediación debe llegar a los sectores de población más vulnerables. Una sociedad avanzada refleja su desarrollo en la atención y el cuidado de sus mayores. El importante incremento de la esperanza de vida en la población española ha alargado considerablemente el tiempo que las personas mayores pasan a depender de sus familias, generalmente de sus hijos. Y ello, junto a la tan consabida crisis, ha incrementado substancialmente los conflictos a los que deben enfrentarse en la última etapa de su vida. La mediación intergeneracional con personas mayores busca apoyar a las familias que tienen progenitores dependientes a su cargo en la gestión de los conflictos que dicha situación acarrea. En este caso, se trata de potenciar el ejercicio de las responsabilidades filio-parentales y de tratar de dar visibilidad a toda la problemática que se encierra detrás de estas determinadas circunstancias familiares, por las cuales todos, tarde o temprano, debemos de pasar.

En el octavo punto, nos encontraríamos con la necesidad de promocionar la figura del coordinador parental para abordar aquellos divorcios que se plantean en familias con unos niveles muy elevados de conflictividad y para los cuales la mediación tradicional no se ha mostrado como un recurso eficaz, al encontrarse limitada a la hora de trabajar con este tipo de familias por algunos de los principios básicos que la dan sentido, como son la voluntariedad de los participantes y la confidencialidad de sus contenidos.

El coordinador parental es un mediador experimentado que lleva a cabo un proceso de gestión de cada asunto, utilizando la mediación y otros recursos de tipo educativo. Se encarga de supervisar el progreso de la familia para asegurar que los progenitores están cumpliendo con sus obligaciones parentales y con los mandatos establecidos judicialmente.

La coordinación parental, a diferencia de la mediación, es un proceso no confidencial. El papel del coordinador se constituye en función de la facultad que le otorga un mandato judicial o por la voluntad de los progenitores a ser ayudados por un profesional en su proceso de reajuste familiar, tras el divorcio.

Es evidente que el conjunto de medidas propuestas no refleja más que una mínima parte de los avances que la mediación desarrollará a lo largo del siglo XXI, pero no cabe la menor duda que si fuéramos capaces de consolidar en los próximos años la mayoría de las sugerencias realizadas en el día de hoy, estaríamos en la senda que nos permitiría construir una sociedad de futuro más habitable.

Por último, señalar que entendemos imprescindible potenciar al máximo la colaboración de las organizaciones que trabajan directamente en el ámbito de la mediación con las administraciones públicas, ya que consideramos que de este entendimiento dependerá indudablemente el futuro de la mediación en España.

Muchas gracias a todos por vuestra atención.

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